El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha alertado de que la Unión Europea carece de un método común que permita determinar si actividades como la acuicultura son compatibles con los fines de conservación de las zonas marinas protegidas. El informe subraya que, aunque se designen áreas como protegidas, no se garantiza automáticamente la aplicación de medidas de conservación ni la restricción de usos.
Además, el TCE destaca la ausencia de una clasificación armonizada de las categorías de protección y de los usos permitidos, lo que genera diferencias en el nivel de protección entre los Estados miembros e incluso entre distintas áreas Natura 2000. Esta falta de uniformidad complica la planificación de la acuicultura marina, pese a que la Directiva europea de ordenación del espacio marítimo exige integrar actividades como la pesca, la acuicultura, el transporte y la generación de energía con los objetivos de conservación.
El informe no analiza proyectos acuícolas específicos ni evalúa el impacto de las zonas protegidas sobre licencias o ubicación de explotaciones, por lo que no concluye que la acuicultura deba limitarse en esos espacios ni cuantifica su efecto en el sector.
El TCE también considera poco probable que la UE alcance sus metas de protección marina para 2030: alrededor del 14 % de sus aguas están designadas como zonas protegidas frente al objetivo del 30 %, y menos del 1 % cuenta con protección estricta, muy por debajo del 10 % previsto.
Entre sus recomendaciones, el Tribunal insta a la Comisión Europea a colaborar con los Estados miembros para que la designación de zonas protegidas se traduzca en medidas de protección efectivas y en información más normalizada sobre sus objetivos y gestión, con un plazo previsto para finales de 2029.
Información elaborada a partir de El Tribunal de Cuentas Europeo detecta falta de criterios comunes para compatibilizar usos como la acuicultura con las zonas marinas protegidas, publicado originalmente por misPeces.
